Por Gian Carlo Delgado Ramos*
México está casi completamente mineralizado. 85 por ciento de sus reservas están sin explotar y 70 por ciento de su superficie está en condiciones económicamente viables para la explotación
según informa la Secretaría de Economía. Los principales productos a
2011 fueron plata (26 por ciento), oro (22), cobre (18) y zinc (7),
siendo Sonora (27.5), Zacatecas (24.9), Chihuahua (11.6) y Coahuila (9)
las entidades que concentraron el grueso del valor de la producción ese
mismo año. No sobra indicar que la producción de oro se ha casi
cuadruplicado de 2000 a 2011, mientras que la de plata aumentó en al
menos 60 por ciento. En todos los casos de extracción de minerales
metálicos, la gran minería controla al menos 98 por ciento de la
actividad.
No es casual que la inversión tanto nacional como extranjera vaya en
aumento (unos 5 mil millones de dólares sólo en 2011). Así, mientras América Latina concentró 25 por ciento de la inversión mundial en exploración en 2011,
México lidereaba al hacerse de poco más de la quinta parte de ésa (casi
seis veces más que lo que recibía en el año 2000). En el país se
registran ya más de 27 mil títulos de concesión minera acumulados
mediante los cuales se han asignado 29.9 millones de hectáreas o 15.15
por ciento del territorio nacional.
Datos de la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía precisan 853
proyectos registrados al cierre de 2012 en manos de 285 empresas, 72
por ciento eran de origen canadiense y 16 por ciento de Estados Unidos,
aunque la presencia de capital asiático (chino, japones, indú y
coreano) está aumentando considerablemente con respecto a años
anteriores. China verificó al cierre de 2012 el mayor aumento con al
menos una docena de concesiones. Su mayor interés; el hierro, seguido de
oro y plata.
Debe advertirse que el boom minero es impulsado tanto por el aumento
de la demanda mundial de minerales (que se triplicó de 1950 a la fecha),
la erosión de las reservas de los principales yacimientos mineros, como
por la fuerte especulación de las inversiones, en especial en minerales preciosos y otros estratégicos como el cobre, aluminio, niquel y hierro.
De ahí pues el indicado aumento de concesiones mineras en México y
otras latitudes, incluyendo países y zonas históricamente sin vocación
minería de gran calado. Este es el caso de por ejemplo el estado Puebla
donde, si bien la actividad minera no–metálica ha sido relevante, la
minería metálica ha sido en cambio de bajo perfil y esporádica. Tal
situación pretende ser modificada bajo el impulso de intereses del
gobierno federal y local y de diversos capitales nacionales y
extranjeros.
3.8 por ciento de la superficie del estado de Puebla estaba ya
concesionada en 2011 en alguna de las cinco principales regiones mineras
identificadas por el Servicio Geológico Mexicano: Sierra Norte
(oro, plata, plomo, cobre y molibdeno), Centro (oro, plata zinc y
manganeso), Izúcar de Matamoros (oro plata, plomo, zinc, cobre, hierro,
manganeso y estaño), Mixteca (cromo y níquel) y Tehuacán (oro, plata,
plomo, zinc, manganeso y hierro). De los casos relacionados a
minería metálica, 11 están en fase de exploración y uno de reactivación
de actividades produccción. Todos excepto uno son de capital extranjero.
La explosión de la IED minera en México se ha dado en el marco de la
modificación, por un lado de la Ley de Inversión Extranjera de 1992 que
permite desde entonces la participación de esos capitales en 100 por
ciento y, por el otro lado, a la Ley de Minería, también de ese mismo
año y con sus modificaciones posteriores. Al día de hoy, en ésa se establecen, entre otras cuestiones, la “plena seguridad jurídica” a las inversiones nacionales y extranjeras;
preferencia de uso minero del territorio y uso minero del agua sobre
cualquier otro tipo de aprovechamiento; el establecimiento de 50 años
como periodo de duración de las concesiones con posibilidad de prórroga;
y a diferencia de otros países latinoamericanos, la inexistencia de
pago de regalías o derechos sobre la producción (en cambio se cobran
derechos sobre la extensión de concesiones que va de 5.70 a 124.74 pesos
por hectarea dependiendo del año de la mina y sin importar los tipos de
minerales extraídos con excepción de radioactivos, petrólo o gas). Se
suman otros aspectos para impulsar la “competitividad” del sector
como lo es la posibilidad de deducir pagos de impuestos (por ejemplo,
primer año de asignación minera libre de impuestos, deducción inmediata
de la inversión al activo fijo) o la excepción de pago por derechos o
tasa de exportación.
En contraparte a tales ventajas el marco regulatorio es altamente
laxo y, pese a ello aún así se verifican irregularidades. De acuerdo con
el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2010 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
de una muestra de 347 expedientes de concesiones mineras (1.7 por
ciento del total de los 20 mil 958 vigentes) se identificaron 149 irregularidades en 97 expedientes,
desde errores en el nombre del concesionario, carencia de RFC, datos
erróneos de la superficie concesionada y ausencia de documento de
solicitud, hasta 26 casos sin la presentación de planos y 33 casos sin
peritaje. El informe afirma que de los mil 121 títulos de concesión
autorizados en ese año, 272 títulos no se registraron en el padrón correspondiente,
además de que 39 concesiones mineras no pagaron los derechos y 27
pagaron menos de lo que debían. El informe de la ASF devela que el
padrón y en sí el marco regulatorio no son fiables, esto último abonado
por el hecho de que al menos hasta ese momento, según se precisa en el
mencionado informe, la Secretaría de Economía carecía de manuales de
procedimientos o lineamientos específicos para el control de los pagos
de los derechos de solicitud y trámites diversos al título de concesión
minera, de concesiones y asignaciones mineras, así como de los adeudos
de ejercicios anteriores, además de que desconoce los importes de
derechos mineros que el Servicio de Administración Tributaria reportó en
la Cuenta Pública de 2010. Lo mismo se puede decir de los
lineamientos y contenidos en la elaboración de las Manifestaciones de
Impacto Ambiental que presentan las mineras, en su mayoría con
inconsistencias y omisiones, pero sobre todo, no siempre informando
clara y puntualmente las dimensiones de las reservas, los procesos de
obtención de los minerales y menos aún la estimación de pasivos
ambientales (y es que se sabe que los pasivos asociados, por ejemplo, a
la extracción de oro ascienden a más de 7 millones de gramos por gramo
de oro si se consideran los explosivos, energía, agua, sustancias y
reactivos empleados y los residuos generados, incluyendo gases de efecto
invernadero, jales, tepetate, aguas residuales, etcétera. Sólo los
insumos empleados establecen una relación de 540 mil gramos por gramo de
oro producido, lo que advierte que los desechos constituyen el mayor volumen.
Se trata de pasivos que se quedan en los territorios y que en su
mayoría son tóxicos. Así, por ejemplo, en el caso del proyecto Tuligtic
de Almaden Minerals que cubriría unas 14 mil hectáreas, y produciría al
menos 1.5 millones de onzas de oro equivalente (741 mil onzas de oro en
concentraciones de 0.5gr/ton, y 41.94 millones de onzas de plata en
concentraciones de 31.41 gr/t), implicaría el uso de al menos unos 7
millones de m3 de agua y la generación de unos 80 millones de toneladas
de jales y tepetate (con base en promedios de otros proyectos
similares). La mochila ecológica del proyecto, o la
suma de todos los insumos usados y residuos generados, sería de
alrededor de 20 mil millones de toneladas de material abiótico y agua
(11.34 millones de toneladas para la extracción de oro y 8.9 millones de
toneladas para la de plata).
Por lo antes expuesto es central, no sólo una mayor transparencia y regulación del sector, sino el rechazo a proyectos mineros de gran calado,
de entrada al menos de aquellos auríferos, mineral cuyos usos no son
vitales, pues se limitan sobre todo a la especulación, ahorro y joyería.
Aún más, debe aclararse que la actividad minera nopetrolera no ha
logrado en décadas ser “palanca de desarrollo”. Su aporte al PIB
nacional es limitado pues pasó de 1.6 por ciento en 1983 a alrededor de 1
por ciento de PIB en 2011. Dicho rol es limitado sobre todo porque el
grueso de minerales extraídos son exportados en crudo y, al no ser
transformados, no generan encadenamientos productivos de tipo
industrial, cuando menos en la industria básica. Y, más aún, llama la
atención que en tal contexto el país importe minerales por un valor
equivalente a la mitad de lo que capta por exportaciones mineras, no en pocos casos comprando los mismos minerales que exportamos, pero a un precio mayor que el de producción.
La minería tampoco es significativa en términos de generación de
empleo, ya que se reporta la generación de sólo 309, 722 empleos
directos o 2 por ciento del empleo generado a nivel nacional, lo que es
sólo 0.6 por ciento de la población económicamente activa.
El empleo generado es esporádico –por el tiempo de duración de los
proyectos– y no todo es en los hechos para la población local.
Por lo antes dicho no es de extrañar la reacción y resistencia social
en defensa del territorio. Y es que la vida buena no se construye sobre
la base de un mero extractivismo de recursos naturales que
históricamente, lejos de resolver las asimetrías sociales, ha permitido el enriquecimiento de reducidos grupos de poder económico–políticos,
todo al tiempo que se hipoteca cada vez más el futuro de los pueblos y
de su entorno natural. Mientras los primeros no pocas veces terminan
saliendo del país, los pueblos, pero también los pasivos ambientales,
permanecen.
*Investigador del programa “El Mundo
en el Siglo XXI” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la UNAM
