martes, 5 de noviembre de 2019


INPI confirma que existe población indígena en el área del Proyecto Minero Ixtaca

  • INPI señala que hay 71 localidades con población indígena en el municipio de Ixtacamaxtitlán.
  • La información desmiente el contenido de un oficio emitido en 2018 por la entonces Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI).

Ciudad de México a 5 de noviembre de 2019.- El pasado 11 de octubre, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) emitió el oficio CGPE/2019/OF/0477 por el que informa a Fundar y al Consejo Tiyat Tlali, haber identificado 71 localidades con población indígena en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla; nueve de ellas precisamente en el área de influencia directa del Proyecto Minero Ixtaca, con el que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende explotar un yacimiento de oro y plata bajo la técnica de cielo abierto. La información del INPI desmiente las aseveraciones que la Minera ha realizado de manera sistemática, que niegan la existencia de población indígena en el lugar.

El oficio del INPI surge en respuesta a la solicitud que hicieron las organizaciones, en su calidad de representantes legales de la Comunidad Nahua de Tecoltemi en el juicio de amparo contra las concesiones mineras sobre las que Almaden pretende realizar su proyecto minero, para aclarar el contenido del Oficio CGPE/2018/OF/0802 emitido el 28 de septiembre de 2018 por el Coordinador General de Planeación y Evaluación de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Lic. Sergio Alberto Ortiz Rosales. En dicho oficio, Ortiz Rosales aseguraba que, tras efectuar un análisis de la documentación del proyecto minero los datos indicaban “la no presencia de población indígena en la zona de dicho proyecto en su área de influencia, de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social y el estudio de Impacto Ambiental”, evaluación realizada por la empresa. Esta preocupante afirmación había sido difundida públicamente por parte de Minera Gorrión, filial de Almaden, a pesar de que el Catálogo de la CDI establece que sí hay comunidades indígenas en el municipio y en el área de influencia directa del proyecto.

Por ello, el INPI señala que “derivado de una nueva revisión de la información estadística disponible en esta Coordinación se identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto”, y adjunta una Nota Técnica en la que sustenta y desarrolla su afirmación. El Instituto apunta que “en el municipio de Ixtacamaxtitlán del estado de Puebla, la población indígena estimada sumó 6 mil 210 y 4 mil 841 personas, en 2010 y 2015, respectivamente, lo que significa 24% y 19.7 % del total de la población, respectivamente. Además, en 2015, la población indígena por autoadscripción sumó 7 mil 608 personas, 31% del total de la población del municipio”.

Asimismo, afirma que de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se identifica un total de 71 localidades con presencia de población indígena; de las cuales Santa María Zotoltepez, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco), están ubicadas dentro del área del proyecto. Además de precisar que un mayor número de localidades de población indígena podrían ser impactadas por las condiciones del Río Apulco que se encuentra cerca del área del proyecto.

Las organizaciones reconocemos la labor del INPI en esta nueva revisión para aclarar la información, y reconocer a las poblaciones indígenas de la zona. La afirmación del Instituto constituye una prueba más del incumplimiento del Estado Mexicano a sus obligaciones en materia derechos humanos de pueblos indígenas -de lo cual la empresa se ha beneficiado- como el que, desde la emisión de las concesiones mineras que otorgaban derecho a explorar y explotar, debió contarse con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. Por ello, las comunidades piden la cancelación directa e inmediata de las concesiones mineras, así como la negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en febrero por la empresa ante la SEMARNAT.

En este sentido, es importante recordar que el pasado 22 de octubre, más de 40 comunidades organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, y comunidades ubicadas en la cuenca del río Apulco, entregaron al Secretario Víctor Toledo Manzur actas de asamblea con 3500 firmas, con las que, en ejercicio de su autodeterminación, rechazan el proyecto minero y niegan su consentimiento para su realización.

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Más información:


Contacto:
Puebla: consejotiyattlali@gmail.com / 23 3104 5534 y 22 2548 8060
CDMX: marianag@fundar.org.mx / 5554 3001 ext. 217 y 5540136188




jueves, 24 de octubre de 2019

EL PUEBLO TOTONACO REAFIRMA SU RECHAZO A LA HIDROELÉCTRICA PARA WALMART.


COMUNICADO
A los pueblos en resistencia contra los proyectos de muerte,
A las autoridades federales y estatales.
A los ayuntamientos de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya.
A los medios de información,
Al pueblo de México 
 Puebla, a 24 de octubre de 2019.

EL PUEBLO TOTONACO REAFIRMA SU RECHAZO A LA HIDROELÉCTRICA PARA WALMART.

Ante la campaña de desinformación emprendida por personas cooptadas por la empresa Comexhidro comunidades totonacas que vivimos a lo largo del río Ajajalpan queremos dejar en claro:

Rechazamos rotundamente la hidroeléctrica Puebla 1 para Walmart y seguiremos resistiendo para defender nuestro territorio.
Nuestros antepasados nos enseñaron que el agua, el río son sagrados y que somos hijos e hijas del agua, de la madre tierra. El agua y la tierra nos dan vida, si las cuidamos, nos cuidan; si las destruimos, nos destruimos. Sabemos que los ríos deben correr libres para para que haya vida en ellos y para que no nos falten las lluvias. Por años hemos visto cómo ha disminuido su caudal el río Ajajalpan porque fue desviado a la hidroeléctrica Necaxa. Las lluvias han disminuido por la deforestación, este año hubo sequía en algunas de nuestras comunidades perdimos cosechas y se secaron algunos manantiales. Vivimos en una sierra donde ocurren deslaves cada año pues las laderas son muy inestables. Los cambios en el clima nos llevan a enfrentar nuevos problemas para seguir produciendo nuestros alimentos principales: maíz, frijol, chile, café. Todo esto enfrentamos actualmente y sabemos que hay amenaza de construir 4 hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan que lastimarían más nuestro territorio. Ya frenamos dos intentos de minera Grupo México en Olintla y Xochicuautla. Ahora la empresa Comexhidro busca construir una hidroeléctrica para Walmart. Nunca fuimos un pueblo guerrero, sino un pueblo productor de vida, de alimento que supo compartirlo con otros en tiempos de hambruna; somos un pueblo orgulloso de nuestra identidad y nuestra cultura. Nuestra organización y lucha son para proteger a la madre tierra, a la madre agua y el futuro de nuestros hijos.
¿Cómo podríamos aceptar la construcción de una hidroeléctrica que tiene dos embalses, que atajaría el río Ajajalpan con una cortina de 45 metros de altura, que desviaría y entubaría el río por casi 8 kilómetros a través de un túnel para el que usarían explosivos?
Es absurdo que CONAGUA, SENER, la empresa Comexhidro afirmen que es un proyecto de utilidad pública o interés social pues consta en la autorización otorgada por la Comisión Reguladora de Energía que serán las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos las beneficiarias. No nuestros pueblos.
Impugnaremos la sentencia injusta dictada por el juez Miguel Arroyo.
¿Cómo se atreve el juez federal Miguel Arroyo a afirmar que no se ha violado nuestro derecho a la tierra y al territorio cuándo en el juicio consta que el representante legal de Deselec 1-Comexhidro pagó 71 y 95 centavos, así como 3 y 4 pesos por el metro cuadrado a algunos hermanos totonacos?. ¿Cómo tiene el cinismo de afirmar que no se ha violentado nuestro derecho al agua, cuando CONAGUA entrego una concesión a la empresa para utilizar 11 mil litros de agua por segundo durante 15 años?
Cómo puede afirmar dicho juez que actúa conforme a derecho cuando no toma en cuenta las pruebas presentadas por nuestra parte en el juicio y sí las de la empresa y las instituciones federales demostrando así su desprecio y discriminación hacia los pueblos indígenas, evidente en su falta de respeto cuando fuimos a hablar con él, pues ni siquiera nos ofreció sentarnos y descalificó nuestros argumentos.
Denunciamos que se ha emprendido una campaña de difamación hacia las y los defensores del territorio así como a las organizaciones que nos acompañan FUNDAR y Consejo Tiyat Tlali.
Manifestamos que unas cuantas personas están con la empresa que quizá creen en las promesas de trabajo y anteponen sus intereses personales sin pensar en el futuro. Pero queremos dejar claro que no son una mayoría y que no representan a toda la población. Esas personas han realizado acciones como presentar al juez federal documentos con firmas de personas muertas o firmas que utilizaron sin autorización de quienes la otorgaron. Intentan descalificar el trabajo realizado por Fundar y Tiyat Tlali haciendo acusaciones falsas hacia sus integrantes. Ya antes intentaron denunciarnos con falsos delitos para amedrentarnos. Son ellos quienes con esos hechos están creando un ambiente de tensión que busca dividir al interior de nuestras comunidades y que apuesta a enfrentarnos para que Comexhidro u Walmart, puedan avanzar con su negocio. Pero no caeremos en sus trampas, nos mantenemos unidos y decididos a seguir protegiendo nuestro territorio.
  1. RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE LA IMPOSICIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PUEBLA 1 por ser un proyecto que sólo beneficiaría a transnacionales como Walmart, Liverpool (dueños de Suburbia), y ALSEA (dueña de VIPS). Desmentimos que las comunidades totonacas hayamos aceptado ese proyecto de muerte.
  2. REAFIRMAMOS NUESTRA DECISIÓN DE IMPUGNAR LA INJUSTA SENTENCIA dictada por el juez Miguel Arroyo al negarse a reconocer nuestros derechos a la libre determinación, a la tierra y al territorio, al agua y al medio ambiente sano. Deseamos agotar las instancias judiciales dando oportunidad al poder judicial de demostrar que sí hay jueces honestos y que no todos se someten a las grandes empresas.
  3. DENUNCIAMOS Y EXIGIMOS SE DETENGAN LAS DIFAMACIONES que ha venido realizando el señor Héctor Muñoz, hacia nosotros y a la organización FUNDAR así como a compañeras del Consejo Tiyat Tlali pues intentan presentarnos como comunidades que actuamos con violencia o que hemos pedido dinero a la empresa. Nada más falso. Nuestras decisiones han estado basadas siempre en acuerdos de asambleas comunitarias y en información seria y bien fundamentada para trabajar por el bien común, por las futuras generaciones.
  4. NOS DESLINDAMOS de cualquier vínculo con Valentín Díaz Bustamante, quien como consta en un audio difundido en redes sociales, pidió dinero a cambio de traicionar al movimiento. Esa persona salió de la comunidad en el año 2015 y desde entonces no ha participado en nuestra organización. Dejamos claro que nunca tuvo autorización para hablar en nombre nuestro y que nosotros jamás nos prestaremos a negociar nuestras vidas. Está claro que es un intento de dividirnos.
  5. EXHORATMOS a las autoridades federales, estatales y municipales a actuar para detener la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 y les responsabilizamos de cualquier agresión que pueda darse en nuestra contra o de integrantes de las organizaciones que nos acompañan. Hacemos un llamado a organizaciones hermanas a estar alerta y solidarizarse ante la posible profundización de la violencia en nuestra contra por ejercer nuestros derechos constitucionales a la libre determinación, a la tierra y al territorio, al agua y al medio ambiente sano.
No a los proyectos de muerte en la sierra norte. No a la hidroeléctrica para Walmart.
SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Defensores y defensoras del río Ajajalpan
Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio.

martes, 22 de octubre de 2019

Comunicado: Más de 40 comunidades de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco exigimos a SEMARNAT no autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental a Minera Gorrión, de Almaden Minerals


Más de 40 comunidades de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco
exigimos a SEMARNAT no autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental a Minera Gorrión, de Almaden Minerals


Ante la próxima resolución de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el Proyecto Minero Ixtaca, promovido por la empresa Minera Gorrrión S.A. de C.V. (propiedad de la canadiense Alamaden Minerals Ltd.). Las comunidades de Ixtacamaxtitlán -organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua- y comunidades habitantes de la cuenca del rio Apulco acompañadas de organizaciones de la sociedad civil, nos pronunciamos una vez más por nuestro derecho a decidir: no consentimos el Proyecto Minero Ixtaca.
En expresión de nuestra autodeterminación entregamos al Secretario Víctor Toledo Manzur, alrededor de 3500 firmas contenidas en más de 40 actas de asamblea de comunidades de Ixtacamaxtitlán, así como en el acta de la 30a ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS MASEUAL, TUTUNAKU Y MESTIZO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO firmada por representantes de 27 municipios de la Sierra Norte de Puebla y la cuenca del río Apulco, en todas las actas se declara el rechazo de proyecto de minería a cielo abierto de la canadiense.
Por lo que le señalamos a la autoridad ambiental, que:
  • Desde el año 2014 nos hemos organizado para defender nuestros derechos humanos y el territorio, llevando a cabo un conjunto de acciones como caravanas, concentraciones y marchas en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y Ciudad de México, y también acciones jurídicas y de investigación, como la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) del Proyecto Minero Ixtaca.
  • Por su relevancia biológica y cultural, hemos declarado nuestra región libre de proyectos extractivos.
  • Minera Gorrión S.A. de C.V., actualmente no cuenta con derechos sobre las concesiones con las cuales sustenta su MIA, debido al juicio de amparo 445/2015, que el ejido de Tecoltemi interpuso ante el el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Puebla.
  • El Estado Mexicano, antes de haber otorgado y aprobado las concesiones mineras y los resolutivos de los informes preventivos, debió haber obtenido el consentimiento del pueblo indígena nahua que habita el municipio de Ixtacamaxtitlán de conformidad con los estándares internacionales.
  • Desde el año 2017, hemos denunciado, con base en los resultado de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH), los impactos que la etapa de exploración del Proyecto Ixtaca causaron al derecho al agua, la salud y el medio ambiente y los potenciales riesgos que la explotación representa para ese territorio.
  • El pasado 25 de junio de 2019, en la reunión pública sobre el Proyecto Minero Ixtaca, organizaciones sociales, investigadoras y académicos presentaron a SEMARNAT, 17 documentos técnicos con observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental que demuestran que la explotación minera amenaza la biodiversidad de la región y que la empresa no informó los impactos ambientales reales que ocasionará el proyecto. Así comprobamos que el proyecto minero no tiene viabilidad ambiental, social ni cultural.
Denunciamos que la empresa Minera Gorrión se conduce con un discurso manipulador a la población cuando dice que la construcción de la mina empezará en el 2020, y con la realización de actividades como la “Expo Proixtaca 2019” en donde está ofreciendo empleos, aunque no tiene aprobada la MIA y sus concesiones están en litigio.
Denunciamos que la violencia y hostigamiento propiciado por Minera Gorrión S.A. de C.V., contra defensoras y defensores de derechos humanos en la localidad de Santa María y, en general, en Ixtacamaxtitlán, han aumentado, lo cual significa un inminente riesgo de más violaciones graves a los derechos fundamentales de las comunidades, por la omisión y acción de autoridades federales.
Por todo lo anterior, exigimos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental, para el Proyecto Minero Ixtaca (21PU2019M0014), y garantice el derecho humano a un ambiente sano, mismo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto.
Las comunidades de Ixtacamaxtitlán estamos unidas, fuertes y convencidas de que la SEMARNAT escuchará y defenderá la vida.
Secretario Toledo, en sus manos esta detener la devastación ambiental en nuestro país.


CANCELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE MUERTE EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA


Para más información, favor comunicarse a:
A los celulares 5223 3132 4217 y 5223 3104 5534, o
al correo electrónico consejotiyattlali@gmail.com