miércoles, 9 de abril de 2014

Cuetzalan: defenderse y construir

 
Vemos crecer, a la par de la política de entrega de nuestros recursos naturales al mejor postor, procesos de resistencia de los pueblos que se oponen a ello. Las dependencias encargadas de regular el uso del suelo para evitar mayores desgracias del medio ambiente, la Semarnat especialmente, parecen, por el contrario, representantes, gestores de las empresas que pretenden instalar minas a cielo abierto, hidroeléctricas en las mejores subcuencas del país, o instalaciones para desplazar fluido hasta las gasoeléctricas. No hay Estado para defender a la gente de esto que es a todas luces un consistente proceso de devastación. Las comunidades se están defendiendo por su cuenta, con las armas de su historia y tradición.

Peor aún, los gobiernos se encargan de tratar de someter la protesta social allí donde se manifiesta; tal es el caso de las detenciones, amenazas y persecuciones que se llevan a cabo en la zona del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a cargo de los gobiernos de Puebla y Morelos, los cuales quieren asegurar la construcción de un gasoducto que desde Tlaxcala llevaría el producto a la planta generadora de energía eléctrica de Huexca, Morelos. Se trata, por cierto, de un despropósito monumental, señalado ya con todas sus letras por los expertos vulcanólogos de la UNAM, la UAP y otras dependencias académicas nacionales y extranjeras; las instalaciones son puestas en las zonas de peligro de uno de los volcanes más explosivos del mundo, y no hay razones que hagan desistir a Comisión Federal de Electricidad en su empeño por hacerle el trabajo sucio a la empresa española Elecnor y socios que la acompañan.

En la Sierra Norte de Puebla se ha desatado una ofensiva de las mineras por explotar los recursos que están debajo de la riqueza biótica extraordinaria, sólo equiparable a la riqueza cultural de esos pueblos. Ofensiva mixta, por cierto, porque simultáneamente se habla de construir hidroeléctricas que soporten el proceso de producción minera.

Hay buen número de reacciones exitosas ante este embate; las desplegadas en Olintla, Zautla y Tetela, por ejemplo. Hay organizaciones diversas que encuadran la resistencia, pero vale la pena mencionar, por su relevancia, a Tiyat Tlali, que agrupa a las organizaciones serranas más importantes y mantiene cohesión y acciones constantes.

Existe un caso especial a resaltar, por ejemplar. Hace unos años, Víctor Toledo escribió en estas mismas páginas un artículo que tituló: El modelo Cuetzalan. Lo usó para mostrar la posibilidad de organización a partir de la constitución de un ordenamiento territorial fincado en la organización de los pobladores.

El viernes pasado, el proceso cuetzalteco tuvo un pico: el presidente municipal Óscar Paula, con sólo 49 días en el mando, se comprometió con una representación del Comité del Ordenamiento Territorial Integral del Cuetzalan a no autorizar la instalación de ninguna mina ni hidroeléctrica. En la asamblea estaba la representación de este que es el órgano de conducción de los ordenamientos ecológico y urbano, los representantes de las juntas auxiliares –subdivisiones de los municipios en Puebla– y las personas elegidas en asambleas como representantes de los comités del agua de más de 20 comunidades, casi todas indígenas masehuales.

La Secretaría de Economía y la Semarnat autorizaron la exploración de minerales en Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec, sin que mediara consulta alguna con los pueblos. La delegada de Semarnat en Puebla, Daniela Migoya Mastretta, niega que exista permiso, pero en la gaceta oficial de su dependencia está bien acreditada su existencia en favor de la Minera Autlán.

El alcalde, una vez convencido por el comité del ordenamiento de la existencia de los permisos, fue contundente en la asamblea: si mi pueblo, representado por ustedes –dijo–, se opone a las minas y otros proyectos, yo me opongo también. Más aún, pidió a la gente no vender ni rentar sus tierras a estas compañías.

Este es el resultado de una larga tradición organizativa de los cuetzaltecos, expresada en la existencia de organizaciones sociales bien fincadas en la población, como la Masehual Zihuame o la Tosepan Titataniske. El proceso de construcción de este ordenamiento territorial se basó en la participación ciudadana desde la etapa de caracterización y diagnóstico, y la propuesta de modelo se llevó de nuevo a las asambleas –más de 14 en cada ocasión– para que lo aprobaran. Esto hizo del ordenamiento un instrumento de todos, conocido y defendido por todos. La Universidad Autónoma de Puebla condujo técnicamente el proceso.

El jueves pasado, los diputados Ricardo Monreal y Zuleima Huidobro, con información de los integrantes del comité del ordenamiento cuetzalteco, presentaron un punto de acuerdo en la cámara para que se investigue qué está pasando con las mineras, y el particular con este caso.

La fuerza legal del ordenamiento se expresa en el manifiesto de impacto ambiental que Pemex presentó para explotar una larga franja que va desde la costa a las montañas del oriente mexicano: Cuetzalan es un punto que no se puede tocar –dice– tiene un ordenamiento ecológico que lo prohíbe.

Hay muchas formas de defender el territorio, des­de luego. Esta es una de ellas, fincada en la legislación vigente pero afianzándola en la población.

* Director de La Jornada de Oriente

martes, 8 de abril de 2014

Tres días, tres detenciones a Defendores de la Tierra




Tras recibir amenazas principal líder vs. Arco Poniente fue detenido hace dos horas


Por tercer día consecutivo la Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo a un activista social, la tarde de este día encarceló a Abraham Cordero Calderón, dirigente del Frente Campesino del  Valle de  Texmelucan y Sierra Nevada, quien se opone a la construcción del Arco Poniente.

Los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde en el municipio de San Martin Texmelucan, de donde es originario. Activistas de la organización Los de Abajo dieron a conocer que Cordero Calderón tuvo una reunión de trabajo con ejidatarios con el propósito de establecer el programa del “Encuentro Regional de los Recursos Naturales y Derechos Sociales” que se llevaría a cabo este 13 de abril en la presidencia auxiliar de San Francisco Tepeyecac.

Al finalizar el encuentro al menos una docena de policías vestidos de civiles tomaron del brazo al líder del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada para subirlo a una camioneta tipo pick up.

Hasta este momento se desconoce donde se encuentra detenido el activista.

El líder del Frente Campesino denunció a las 11 horas a la Jornada de Oriente que esta semana recibió una llamada telefónica de un número desconocido donde lo amenazaron de muerte y con encarcelarlo.

Además responsabilizó al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas de lo que pudiera pasarle a él y su familia.

A través de un comunicado la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo exigió la pronta liberación del líder social.

COMUNICADO DEL CONSEJO TIYAT TLALI-Detenciones Arbitrarias de defensores de la tierra



COMUNICADO DEL CONSEJO TIYAT TLALI

Sierra Norte de Puebla a 8 de abril de 2014

 A la Opinión Pública Nacional e Internacional
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A los medio de comunicación y alternativos

La escala de violencia contra los pueblos y organizaciones que se oponen a los proyectos de muerte en toda la geografía del estado, como e
n el resto del país, se ensaña hoy contra el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y su vocero Juan Carlos Flores detenido ilegalmente el 7 de abril, cuando salía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de interponer una queja por la detención de Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, detenida también ilegalmente, un día antes.

En un constante ambiente de imposición y amenaza, el Proyecto Integral Morelos (PIM), se lleva a cabo contra la voluntad y la vida de las comunidades asentadas en las faldas del volcán Popocatepetl, pues pretende instalar dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios cada una, que consumen gas natural como energético; un ducto para transportar el gas desde los ductos de Pemex, al sitio de las centrales, de 150 kilómetros y diámetro de 30 pulgadas, en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec; un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla con longitud de 10 kilómetros; en su conjunto representan una inversión total cercana a los mil 600 millones de dólares.*

Es tal la soberbia gubernamental, que desconoce las recomendaciones del Centro Nacional de Desastres (CONAPRED) y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que, a través documentos oficiales, demuestran la inviabilidad del trazo del gasoducto en zona de riesgo del volcán Popocatepetl.

Pese a ello, el despropósito gubernamental de continuar aún por encima de los derechos humanos de los y las ejidatarios de San Felipe Xonacayucan, que Enedina Rosas Vélez obedece el mandato de la asamblea del 11 de Agosto de 2013 que rechazó el paso del gasoducto Morelos, que pretende trasladar gas natural hacia las centrales de energía eléctrica, en el vecino estado de Morelos, pasando por Puebla y Tlaxcala.

En ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra, que se inició en mayo de 2011; ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicaron a la población en general los detalles el éste, igualmente omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica, así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.

El gasoducto favorece a las empresas trasnacionales Bonatti, de capital italiano, Elecnor y Enegas, de capital español; lo que hace evidente el carácter servil de los gobernantes mexicanos ante el capital nacional y trasnacional, semejante a lo que se hace en la Sierra Norte de Puebla, con consorcios empresariales como Grupo México con su filian Minera Autlán, CARSO o la canadiense Almaden Mineras.

La brutal motivación de estos actos represivos demanda a la sociedad en su conjunto y a los organismos defensores de los Derechos Humanos, exigir:

alto las ansias autoritarias del gobernador Rafael Moreno Valle, para la inmediata liberación de Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís.
cese al hostigamiento y represión en las comunidades por parte de la Comisión Federal de Electricidad y de los gobiernos de Morelos y Puebla para la imposición del gasoducto, acueducto y termoeléctricas que conforman el Proyecto Integral Morelos.






 ¡ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA DE LOS PUEBLOS QUE DEFIENDEN SU TERRITORIO!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡CANCELACION INMEDIATA DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS!

CONSEJO TIYAT TLALA
En defensa de la vida y el territorio

*
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/abr/20130411-VII/Proposicion-27.html

domingo, 16 de marzo de 2014

Declaratoria Final del Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo

Declaratoria Final
Encuentro de Pueblos en Resistencia ante el Modelo Extractivo Minero
14, 15 y 16 de marzo del 2014, Tlamanca, Zautla, Puebla


Nos reunimos comunidades en resistencia y en defensa del agua, la tierra y la vida de la Sierra Norte de Puebla de los municipios con conseciones mineras de Zautla, Ixtacamaxtitlán, Tlatlauqui y Tetela; y con proyectos hidroeléctricos como Olintla y San Juan Tahitic. También estuvimos presentes, delegadas y delegados de los estados de Chiapas, Guerrero, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Veracruz; y de los países de Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia. Contamos con la participación de diferentes organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior.


Con el objetivo de fortalecer las luchas de las diferentes comunidades, nos encontramos en un espacio de hermandad y solidaridad pues nos descubrimos en los mismos procesos de resistencia y compartiendo las mismas esperanzas. Además de conocer nuestras experiencias, discutimos alrededor de cuáles ha sido nuestras estrategias organizativo-políticas para la defensa del territorio; revisamos el proceso de minería a cielo abierto y su impacto en la salud y medio ambiente; también reflexionamos alrededor de acciones jurídicas que hemos emprendido; el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, la reforma energética y las consecuencias del modelo extractivo minero en la vida de las mujeres, reconociendo su participación activa y sus derechos. La población infantil y juvenil reflexionó y contribuyó a estos debates.
En nuestras experiencias e historias hay desconfianza ante la ley y la autoridad. Esto porque por un lado, los distintos niveles de gobierno han negado, ocultado o tergiversado información y promovido con engaños los proyectos mineros; y por otro, porque han violentado los propios marcos legales ambientales, derechos constitucionales y tratados internacionales que garantizan el respeto a  los derechos humanos y la protección al territorio y la riqueza de los pueblos que ahí viven.
Los diferentes niveles de gobierno son partícipes en la promoción y ejecución de proyectos mineros. El gobierno federal ha consecionado más de la tercera parte del territorio de los pueblos indígenas y campesinos. Por otro lado, las empresas dañan el tejido social por medio del poder económico y político construído con los gobiernos, quienes fortalecen al sector privado con estrategias locales como los programas asistencialistas, y con las reformas constitucionales y estructurales. Finalmente, el estado ha hecho uso de las policias estatales y federales para avalar la entrada de las empresas y actúa como guardián de intereses privados, al mismo tiempo que criminaliza y reprime al pueblo y sus luchas.
En este contexto, se ha hecho necesario en nuestras localidades, informarnos sobre esta nueva forma de explotación que es la minería a cielo abierto. Hemos buscado información y llevado a cabo diferentes acciones, algunas han sido formales y dentro del marco del estado, pero otras son cotidianas y fortalecen nuestra resistencia como pueblos indígenas y campesinos, pues implican la construcción de alternativas desde lo local y comunitario.
En este proceso, las luchas de las mujeres destacan porque nuestro papel ha sido preponderante en defender la tierra pues es nuestra casa, sustento, medicina y dadora de vida. Esta resistencia se la logrado por medio del fortalecimiento de los espacios de decisión como la asamblea, el saber propio, la lengua, la cultura e identidad y va más allá de las alianzas con las que empresas, autoridades y partidos políticos intentan dañar las decisiones colectivas.
En este sentido, recordamos con rabia a quienes han luchado y han sido asesinados. Retomando su fuerza para continuar en la resistencia y en la lucha, exigimos justicia y nos comprometemos a seguir el ejemplo de Noé Vázquez de Veracruz, Bernardo Méndez Vázquez y BernardoVelázquez Sánchez de Oaxaca, Mariano Abarca del estado de Chiapas.
Denunciamos lo ocurrido en la comunidad de Zacualpan, del Estado de Colima, que fue desalojada por fuerzas estatales el día jueves 13 de marzo mientras llevaba a cabo una acción en defensa de sus manantiales en contra de una conseción minera. Durante la agresión, fueron violentadas mujeres, niñas y niños. Así mismo, en el estado de Oaxaca, fue desalojada por caciques regionales, apoyados por la policía estatal, la comunidad de playa Cacalotiyo, municipio de San Pedro Tututepec el pasado 11 de marzo. En este acto fueron detenidos seis habitantes, amenazadas de violación sexual mujeres y niñas, y saqueadas y destruídas sus viviendas.
Estos hechos violentos no son aislados, son una muestra de lo que vivimos cotidianamente quienes estamos defendiendo el agua, la tierra y la vida. En este contexto, los gobiernos criminalizan la protesta social y particularmente a las mujeres, violentando nuestros cuerpos y territorios como estrategia constante de represión.
Por lo tanto exigimos:
Que las autoridades respeten las desiciones de las comunidades que en este encuentro y en sus asambleas locales y acciones cotidianas han expresado un No rotundo a los proyectos mineros.
Que las autoridades dejen de proteger los intereses privados y trabajen para respetar los derechos de los pueblos a vivir sin violencia en un territorio sano y seguro, libres de minería y de proyectos de muerte.
Nos solidarizamos con el pueblo de Zacualpan Colima. Exigimos el esclarecimiento de los hechos ocurridos. Responsabilizamos al gobernador del estado Mario Anguiano Moreno, al Secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez y a la delegada de la Procuraduría Agraria María Elena Díaz Rivera de cualquier hecho o agresión que pueda sufrir la localidad de Zacualpan y los integrantes de la organización BIOS IGUANA.
También nos solidarizamos con la comunidad de playa Cacalotiyo, San Pedro Tututepec, Oaxaca, y exigimos que el gobernador del estado Gabino Cue Montiagudo y el Secretario de Seguridad Pública Alberto Esteba Salinas, garanticen las condiciones necesarias para que las familias desalojadas puedan retornar y permanecer en su localidad.
Nos pronunciamos en contra de las reformas energéticas que continúan favoreciendo al sector privado en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas.
Alto a la discriminación y racismo contra las comunidades campesinas e indigenas de Mexico y de America Latina.
Finalmente, invitamos a todo el país a decretar territorios libres de minería y proyectos de muerte; a construir espacios comunes de resistencia y buscar estrategias que representen alternativas dignas de vida construídas desde la vida comunitaria de los propios pueblos.
Firmamos las y los 500 asistentes a este encuentro pertenecientes a las comunidades y a las organizaicones y hacemos un llamado a la sociedad en general a sumarse a esta lucha, que es por la VIDA, que sea de todos y no solo de los campesinos e indigenas.

No permitiremos que nos despojen de nuestro territorio
Queremos el agua limpia para todos
Amamos la vida, que defendemos con nuestra propia vida
Luchamos por un mundo sin racismo y discriminación

sábado, 15 de marzo de 2014

Lucha y movilización en Zautla, Puebla.

  • S
  • Leticia Ánimas Vargas

Comparten historias de engaño, de despojo, de colusión de las autoridades y de irrespeto a la voluntad de los habitantes
Zautla, Puebla.-  La lucha sin fronteras y la movilización como instrumentos para enfrentar el despojo de los bienes naturales de los pueblos fue una de las coincidencias que se manifestaron en la segunda sesión de trabajo del Encuentro Nacional de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero que se desarrolla en el municipio de Zautla.
Tras compartir historias de engaño, de despojo, de desinformación, de colusión de las autoridades y de irrespeto a la voluntad de los habitantes de territorio concesionados a empresas mineras extranjeras, en su mayoría, los participantes de diversos estados del país y de la región Mesoamericana calificaron a esta actividad económica como un monstruo al que hay que confrontar con unidad y organización.
La jornada empezó con retraso cerca de las 10 de la mañana, cuando el calor ya agobiaba como efecto de las gruesas lonas colocadas sobre la cancha pública de la comunidad de Tlamanca, cuyos habitantes caminaron hace año y medio a clausurar los trabajos de la minera china JDC Minerales y de paso expulsar a sus empleados.
Con consignas como “cuando el pueblo se levante por pan, trabajo y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra” pero también invocando a Dios y a no perder la fe, los activistas llamaron a hacer conciencia de la responsabilidad en la defensa de los bienes naturales y de sus territorios.
“Dios no dio la santa madre tierra para que la cuidemos”, dijo Abelardo Franco del Comisariado Ejidal de Nuevo Jerusalén en Chiapas y pidió no dejarse engañar con “dinero y promesas de empleo” o el muy laico llamado de un misionero de la iglesia presbiteriana de Chicomosuelo que citando a la Constitución recordó que el texto legal establece que la tierra pertenece a la nación y “nosotros somos la nación, somos los dueños de todos los minerales”.
La historia de los pobladores de Carrizalillo en Guerrero que hablaron de los devastadores efectos sobre la salud y el medio ambiente estremeció a los asistentes que escucharon como, desde 2005, tras el inicio de la explotación del Tajo Bermejal el 83 por ciento de la cuenca del río Balsas ha sufrido daños y  ha destruido vestigios arqueológicos de la cultura Balsas-Mezcala.
Mientras el 66 por ciento de los habitantes de la comunidad padece enfermedades en la piel por la presencia de metales pesados en el agua y han empezado a presentarse nacimientos de niños con malformaciones, partos prematuros y abortos.
Paradójicamente, la empresa canadiense Gold Corp,  concesionaria de los suelos y minerales de esta comunidad, recibió un certificado de “industria limpia” de parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), dependiente de la Semarnat.
Guerra de cuarta generación
Con mensajes de advertencia y de aliento, representantes de pueblos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá compartieron sus experiencias contra el modelo extractivista al que consideraron una guerra “total” -de cuarta generación- que se desarrolla en el terreno militar, tecnológico  y mediático, por lo que la lucha antiminera, desde los pueblos es estratégica y debe recuperar la sabiduría de las comunidades, dijo Juan Almendarez ex rector de la Universidad Nacional de Honduras.
Se trata, precisó un representante de los mayas de Guatemala, del cuarto despojo a Latinoamérica, ahora por parte de las empresas que ven a los indígenas como “seres sin derechos” y que califican a las resistencias como “focos de ingobernabilidad”.
Señaló que en ese país se han realizado a la fecha 80 consultas donde más de un millón de personas ha dicho “no” a la minería y en estos resultados radica su fuerza política.
Los salvadoreños, indicaron que en su lucha contra la también canadiense Pacific Rings lograron que el presidente de la república, Mauricio Funes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiera un decreto que prohibió, en su gobierno, la explotación minera, situación por la que la empresa demandó al Estado el pago de 315 millones de dólares.    
La minera incluso, dijeron, recurrió al engaño y convenció a algunos pobladores que una inversión de cinco dólares los convertiría en accionistas, luego les entregó solamente un saco de fertilizante.
La voracidad de los corporativos que ejecutan el modelo extractivista con planes de supuesto desarrollo como el Puebla-Panamá que abarca las regiones donde hay metales preciosos como oro, plata y otros minerales como el uranio, ha hermanado a los pueblos que deben rechazar el pago de supuestas regalías y enfrentarla con la movilización y la resistencia.

viernes, 14 de marzo de 2014

Transmitiendo en Vivo desde Tlamanca

Transmitiendo ya el Encuentro de Pueblos en Resistencia ante el Modelos Extractivo Minero 

http://giss.tv:8000/libre-voz.mp3.