DIFAMACIONES Y AMENAZAS A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
POR PARTE DE LA PROCURADURIA AGRARIA DE COLIMA
24 de Febrero de 2014
Al Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno.
Al Presidente Municipal de Comala, Braulio Arreguín.
Al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Ramírez Marín.
Al Procurador Agrario, Cruz López Aguilar.
A la Procuraduría General de la República, Delegación Colima.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima.
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
A Amnistía Internacional.
Las acusaciones infundadas de la delegada de la Procuraduría Agraria
de Colima, Lic. María Elena Díaz Rivera, en contra de la organización
Bios Iguana AC, miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
(REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extactivo Minero
(M4), ya están poniendo en riesgo la integridad física y moral de sus
miembros.
La delegada Díaz Rivera acusó en las últimas semanas ante los medios
de comunicación, y directamente a los integrantes de Bios Iguana AC, de
presionar a los comuneros, de extorsión, de robo de recursos, de tener
“sembradíos”, de traer gente de “Michoacán, Chihuahua y Puebla”, de
tener intereses de tierras comunales, entre otras mentiras y
declaraciones irresponsables y ambiguas que no sólo transgrede sus
funciones públicas y excede sus facultades sino que además, junto con la
solicitud de la fuerza pública en territorio comunal indígena para
amedrentar a los comuneros, ya está poniendo en riesgo la seguridad
física y moral de los defensores de los derechos humanos.
El día viernes 21 de febrero del año en curso, durante la
manifestación pacífica que realizaba el Consejo Indígena por la Defensa
del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana, frente a las oficinas de la
Delegación de la Procuraduría Agraria en la ciudad de Colima, donde
personal de esta Delegación, entre los que se encontraba el Lic. Carlos
Soulé, violentaron física y verbalmente a tres integrantes de Bios
Iguana, hecho que ya fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Colima. Estas mismas personas han reiterado su acoso
inclusive a otros miembros que integran la organización de Bios Iguana.
El mismo Lic. Soulé, el sábado 2 de febrero, amenazó de muerte en la
calle al abogado de Bios Iguana. Otros han sido perseguidos y acosados
por las calles de la capital del estado. Por su lado, la delegada Díaz
Rivera manifestó: “si los de Bios Iguana son entrones, yo tambien”.
También manifestó: “No quieren que vaya a Zacualpan porque no quieren
que vea los sembradíos que tienen”.
Las falsas acusaciones sin fundamento de la Sra. Díaz Rivera ha
provocado que un grupo de comuneros que defienden al destituido
Presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán, amenacen de
muerte el día de hoy a miembros de Bios Iguana en la capital del Estado,
en las mismas instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Específicamente, Rubén Guzmán Aranda, hijo del ex presidente de Bienes
Comunales amenazó a los miembros de Bios Iguana: “ahora me vas a
conocer, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan. La próxima vez que te
vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana ya se los cargo con sus
sembradíos de mariguana, te metiste a mi casa, se metieron a mi casa sin
permiso y ahora si a chingadazos los vamos a sacar, ya te cargo la
verga porque si no aprendiste por la buena ahora vas a aprender por la
mala, te vamos a enterrar a ti y a tus compañeros”. Esta denuncia ya ha
sido interpuesta por Bios Iguana el día de hoy en la Mesa 2 de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República,
Delegación Colima.
Los comuneros, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de
Zacualpan, como los Hijos Ausentes de Zacualpan que radican en los
Estados Unidos, ya han desmentido públicamente todas estas falsas
acusaciones y calumnias de la delegada Díaz Rivera. Sin embargo, la
Señora Díaz Rivera no cesa en sus falsas acusaciones provocando mayores
divisiones, generando conflictos entre los comuneros y poniendo en
riesgo la vida de activistas ambientales y defensores de los derechos
humanos. Videos, fotografías, testimonios, documentos así como una
infinidad de notas periodísticas de diversos medios locales y
nacionales, han dado registro de la indebida actuación del ex
comisariado como de la delegada de la Procuraduría Agraria.
El día de ayer, 23 de febrero, con la presencia de Notario Público,
sin altercados violentos ni presencia de fuerzas públicas y nadie ajeno a
la Asamblea, ceñidos al reglamento y la ley agraria, la asamblea de
comuneros de Zacualpan logró la destitución del Comisariado Ejidal,
Carlos Guzmán, luego de que, bajo evidente asesoría de la delegada,
convocaba y suspendía asambleas o boicoteaba su realización violando la
ley agraria, con el fin evitar su remoción, lograr la implementación del
proyecto minero, y evitar la pérdida de supuestos beneficios económicos
antes del final de su cargo como Comisariado, de los cuales el Consejo
de Vigilancia no tenía información.
Ante todo ello, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, solicita
urgentemente medidas cautelares para la comunidad de Zacualpan y para
la organización de Bios Iguana AC. a fin de garantizar la seguridad de
los comuneros y de los integrantes de la Asociación Civil. Consideramos
que una investigación y auditoría solicitada por la comunidad y el nuevo
Comisariado Ejidal en el cual ahora participan mujeres, sobre los
recursos que las distintas dependencias canalizaron al ex comisariado
ejidal durante su gestión, ayudaría a despejar sospechas de conflictos
de intereses y deslindar responsabilidades.
Las organizaciones que integramos la REMA conocemos y avalamos el
excelente trabajo que Bios Iguana A.C. ha venido realizando desde hace
veinte años en el estado de Colima por los derechos humanos y el medio
ambiente, razones por las cuales hacemos público nuestro reconocimiento y
solidaridad a la organización ante las difamaciones en su contra por
parte de la Procuraduría Agraria, que son una muestra más de agresión a
defensores de derechos humanos y a activistas preocupados por detener la
devastación ambiental y social que el modelo extractivo minero está
generando en nuestro país.
La REMA hace responsable al Gobierno del Estado de Colima, a la
delegada de la Procuraduría Agraria de Colima y al ex Comisariado de
Bienes Comunales de Zacualpan por la seguridad física y moral de los
comuneros, de los miembros del Consejo Indígena por la Defensa del
Territorio de Zacualpan y de la organización Bios Iguana AC., todos
miembros de la REMA, de los actos de violencia que están ya generando
sus difamaciones y declaraciones como funcionaria pública, así como de
posibles actos de autoridad que violen sus derechos humanos. La Red
Mexicana de Afectados por la Minería exige también al Procurador Agrario
de la Federación deslinde responsabilidades en torno a las actuaciones
de su delegación en el estado de Colima.
Red Mexicana de Afectados por la Minería
(REMA)
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