sábado, 15 de marzo de 2014

Lucha y movilización en Zautla, Puebla.

  • Leticia Ánimas Vargas


Comparten historias de engaño, de despojo, de colusión de las autoridades y de irrespeto a la voluntad de los habitantes



Zautla, Puebla.-  La lucha sin fronteras y la movilización como instrumentos para enfrentar el despojo de los bienes naturales de los pueblos fue una de las coincidencias que se manifestaron en la segunda sesión de trabajo del Encuentro Nacional de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero que se desarrolla en el municipio de Zautla.
Tras compartir historias de engaño, de despojo, de desinformación, de colusión de las autoridades y de irrespeto a la voluntad de los habitantes de territorio concesionados a empresas mineras extranjeras, en su mayoría, los participantes de diversos estados del país y de la región Mesoamericana calificaron a esta actividad económica como un monstruo al que hay que confrontar con unidad y organización.


La jornada empezó con retraso cerca de las 10 de la mañana, cuando el calor ya agobiaba como efecto de las gruesas lonas colocadas sobre la cancha pública de la comunidad de Tlamanca, cuyos habitantes caminaron hace año y medio a clausurar los trabajos de la minera china JDC Minerales y de paso expulsar a sus empleados.
Con consignas como “cuando el pueblo se levante por pan, trabajo y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra” pero también invocando a Dios y a no perder la fe, los activistas llamaron a hacer conciencia de la responsabilidad en la defensa de los bienes naturales y de sus territorios.
“Dios no dio la santa madre tierra para que la cuidemos”, dijo Abelardo Franco del Comisariado Ejidal de Nuevo Jerusalén en Chiapas y pidió no dejarse engañar con “dinero y promesas de empleo” o el muy laico llamado de un misionero de la iglesia presbiteriana de Chicomosuelo que citando a la Constitución recordó que el texto legal establece que la tierra pertenece a la nación y “nosotros somos la nación, somos los dueños de todos los minerales”.
La historia de los pobladores de Carrizalillo en Guerrero que hablaron de los devastadores efectos sobre la salud y el medio ambiente estremeció a los asistentes que escucharon como, desde 2005, tras el inicio de la explotación del Tajo Bermejal el 83 por ciento de la cuenca del río Balsas ha sufrido daños y  ha destruido vestigios arqueológicos de la cultura Balsas-Mezcala.
Mientras el 66 por ciento de los habitantes de la comunidad padece enfermedades en la piel por la presencia de metales pesados en el agua y han empezado a presentarse nacimientos de niños con malformaciones, partos prematuros y abortos.
Paradójicamente, la empresa canadiense Gold Corp,  concesionaria de los suelos y minerales de esta comunidad, recibió un certificado de “industria limpia” de parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), dependiente de la Semarnat.
Guerra de cuarta generación
Con mensajes de advertencia y de aliento, representantes de pueblos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá compartieron sus experiencias contra el modelo extractivista al que consideraron una guerra “total” -de cuarta generación- que se desarrolla en el terreno militar, tecnológico  y mediático, por lo que la lucha antiminera, desde los pueblos es estratégica y debe recuperar la sabiduría de las comunidades, dijo Juan Almendarez ex rector de la Universidad Nacional de Honduras.
Se trata, precisó un representante de los mayas de Guatemala, del cuarto despojo a Latinoamérica, ahora por parte de las empresas que ven a los indígenas como “seres sin derechos” y que califican a las resistencias como “focos de ingobernabilidad”.
Señaló que en ese país se han realizado a la fecha 80 consultas donde más de un millón de personas ha dicho “no” a la minería y en estos resultados radica su fuerza política.
Los salvadoreños, indicaron que en su lucha contra la también canadiense Pacific Rings lograron que el presidente de la república, Mauricio Funes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiera un decreto que prohibió, en su gobierno, la explotación minera, situación por la que la empresa demandó al Estado el pago de 315 millones de dólares.    
La minera incluso, dijeron, recurrió al engaño y convenció a algunos pobladores que una inversión de cinco dólares los convertiría en accionistas, luego les entregó solamente un saco de fertilizante.
La voracidad de los corporativos que ejecutan el modelo extractivista con planes de supuesto desarrollo como el Puebla-Panamá que abarca las regiones donde hay metales preciosos como oro, plata y otros minerales como el uranio, ha hermanado a los pueblos que deben rechazar el pago de supuestas regalías y enfrentarla con la movilización y la resistencia.

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