Declaratoria Final
Encuentro de Pueblos en
Resistencia ante el Modelo Extractivo Minero
14, 15 y 16 de marzo del
2014, Tlamanca, Zautla, Puebla
Nos reunimos
comunidades en resistencia y en defensa del agua, la tierra y la vida de la
Sierra Norte de Puebla de los municipios con conseciones mineras de Zautla,
Ixtacamaxtitlán, Tlatlauqui y Tetela; y con proyectos hidroeléctricos como
Olintla y San Juan Tahitic. También estuvimos presentes, delegadas y delegados
de los estados de Chiapas, Guerrero, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Morelos,
Estado de México y Veracruz; y de los países de Honduras, Panamá, El Salvador,
Guatemala e Italia. Contamos con la participación de diferentes organizaciones
de base, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación
superior.
Con el objetivo
de fortalecer las luchas de las diferentes comunidades, nos encontramos en un espacio
de hermandad y solidaridad pues nos descubrimos en los mismos procesos de resistencia
y compartiendo las mismas esperanzas. Además de conocer nuestras experiencias,
discutimos alrededor de cuáles ha sido nuestras estrategias
organizativo-políticas para la defensa del territorio; revisamos el proceso de
minería a cielo abierto y su impacto en la salud y medio ambiente; también reflexionamos
alrededor de acciones jurídicas que hemos emprendido; el derecho a la consulta
a los pueblos indígenas, la reforma energética y las consecuencias del modelo
extractivo minero en la vida de las mujeres, reconociendo su participación
activa y sus derechos. La población infantil y juvenil reflexionó y contribuyó
a estos debates.
En nuestras
experiencias e historias hay desconfianza ante la ley y la autoridad. Esto
porque por un lado, los distintos niveles de gobierno han negado, ocultado o
tergiversado información y promovido con engaños los proyectos mineros; y por
otro, porque han violentado los propios marcos legales ambientales, derechos
constitucionales y tratados internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos y la protección al
territorio y la riqueza de los pueblos que ahí viven.
Los diferentes
niveles de gobierno son partícipes en la promoción y ejecución de proyectos
mineros. El gobierno federal ha consecionado más de la tercera parte del
territorio de los pueblos indígenas y campesinos. Por otro lado, las empresas
dañan el tejido social por medio del poder económico y político construído con
los gobiernos, quienes fortalecen al sector privado con estrategias locales
como los programas asistencialistas, y con las reformas constitucionales y
estructurales. Finalmente, el estado ha hecho uso de las policias estatales y federales
para avalar la entrada de las empresas y actúa como guardián de intereses
privados, al mismo tiempo que criminaliza y reprime al pueblo y sus luchas.
En este
contexto, se ha hecho necesario en nuestras localidades, informarnos sobre esta
nueva forma de explotación que es la minería a cielo abierto. Hemos buscado información
y llevado a cabo diferentes acciones, algunas han sido formales y dentro del
marco del estado, pero otras son cotidianas y fortalecen nuestra resistencia
como pueblos indígenas y campesinos, pues implican la construcción de
alternativas desde lo local y comunitario.
En este proceso,
las luchas de las mujeres destacan porque nuestro papel ha sido preponderante
en defender la tierra pues es nuestra casa, sustento, medicina y dadora de
vida. Esta resistencia se la logrado por medio del fortalecimiento de los espacios
de decisión como la asamblea, el saber propio, la lengua, la cultura e
identidad y va más allá de las alianzas con las que empresas, autoridades y
partidos políticos intentan dañar las decisiones colectivas.
En este sentido,
recordamos con rabia a quienes han luchado y han sido asesinados. Retomando su
fuerza para continuar en la resistencia y en la lucha, exigimos justicia y nos
comprometemos a seguir el ejemplo de Noé Vázquez de Veracruz, Bernardo Méndez
Vázquez y BernardoVelázquez Sánchez de Oaxaca, Mariano Abarca del estado de
Chiapas.
Denunciamos lo
ocurrido en la comunidad de Zacualpan, del Estado de Colima, que fue desalojada
por fuerzas estatales el día jueves 13 de marzo mientras llevaba a cabo una
acción en defensa de sus manantiales en contra de una conseción minera. Durante
la agresión, fueron violentadas mujeres, niñas y niños. Así mismo, en el estado
de Oaxaca, fue desalojada por caciques regionales, apoyados por la policía
estatal, la comunidad de playa Cacalotiyo, municipio de San Pedro Tututepec el
pasado 11 de marzo. En este acto fueron detenidos seis habitantes, amenazadas
de violación sexual mujeres y niñas, y saqueadas y destruídas sus viviendas.
Estos hechos
violentos no son aislados, son una muestra de lo que vivimos cotidianamente quienes
estamos defendiendo el agua, la tierra y la vida. En este contexto, los
gobiernos criminalizan la protesta social y particularmente a las mujeres, violentando
nuestros cuerpos y territorios como estrategia constante de represión.
Por lo tanto exigimos:
Que las
autoridades respeten las desiciones de las comunidades que en este encuentro y
en sus asambleas locales y acciones cotidianas han expresado un No rotundo a
los proyectos mineros.
Que las
autoridades dejen de proteger los intereses privados y trabajen para respetar
los derechos de los pueblos a vivir sin violencia en un territorio sano y
seguro, libres de minería y de proyectos de muerte.
Nos
solidarizamos con el pueblo de Zacualpan Colima. Exigimos el esclarecimiento de
los hechos ocurridos. Responsabilizamos al gobernador del estado Mario Anguiano
Moreno, al Secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez y a la delegada de la
Procuraduría Agraria María Elena Díaz Rivera de cualquier hecho o agresión que
pueda sufrir la localidad de Zacualpan y los integrantes de la organización
BIOS IGUANA.
También nos
solidarizamos con la comunidad de playa Cacalotiyo, San Pedro Tututepec,
Oaxaca, y exigimos que el gobernador del estado Gabino Cue Montiagudo y el
Secretario de Seguridad Pública Alberto Esteba Salinas, garanticen las
condiciones necesarias para que las familias desalojadas puedan retornar y
permanecer en su localidad.
Nos pronunciamos
en contra de las reformas energéticas que continúan favoreciendo al sector privado
en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas.
Alto a la
discriminación y racismo contra las comunidades campesinas e indigenas de
Mexico y de America Latina.
Finalmente, invitamos a todo el país a
decretar territorios libres de minería y proyectos de muerte; a construir
espacios comunes de resistencia y buscar estrategias que representen
alternativas dignas de vida construídas desde la vida comunitaria de los
propios pueblos.
Firmamos las y
los 500 asistentes a este encuentro pertenecientes a las comunidades y a las
organizaicones y hacemos un llamado a la sociedad en general a sumarse a esta
lucha, que es por la VIDA, que sea de todos y no solo de los campesinos e
indigenas.
No
permitiremos que nos despojen de nuestro territorio
Queremos
el agua limpia para todos
Amamos
la vida, que defendemos con nuestra propia vida
Luchamos
por un mundo sin racismo y discriminación
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