- Incertidumbre por la falta de información en las comunidades campesinas
- Se presentan testimonios de resistencia contra el despojo en comunidades indígenas
Este sábado 16 de marzo
el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, fue sede
del foro informativo sobre hidromineria convocado por el Consejo
Tiyat Tlali, (CTT), vocablos nahua y totonaco para decir tierra; el
encuentro se da en el creciente número de concesiones que los
gobiernos federal y estatal han dado a empresas extractivas,
mexicanas y extranjeras.
Ante campesinos
provenientes de los municipios serranos de Cuetzalan, Ixtepec,
Caxhuacan, Zautla, Hueytlamalco, Huehuetla, Tlatlauqitepec,
Ahuacatlan, Jonotla, Xicotepec de Juárez, Mazatepec, Huitzilan y
Olintla, Tuzamapan, el párroco Mario Pérez hizo mención de la
espiritualidad, como fuente de alimento que nos fortalece; y denunció
la explotación irracional al cuestionar el modelo económico actual
pues trae consigo devastación, que provoca que la población sea
expulsada de sus tierras.
Desde las primeras horas
de una húmeda mañana, pobladores en su mayoría indígenas de
diferentes municipios acudieron al auditorio-cancha de basquetbol del
DIF municipal, para conocer la información del círculo extractivo
de la minería y la generación de energía hidrológica para la
operación de las primeras, a decir de Silvia Villaseñor,
representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario
al CTT.
Mencionó que el 30% del
territorio mexicano ha sido concesionado a empresas mineras y destaca
que actualmente lo que se hace es explotar a los cerros, es decir, la
minería a cielo abierto, en donde para separar el mineral de la roca
se utilizan el cianuro y citó el caso de la minera San Xavier, en
San Luis Potosí, que utiliza 32 millones de litros de agua mezclado
con 16 toneladas de cianuro; consumiendo en una hora el agua que
utiliza una familia en 10 años.
En el caso de las
hidroeléctricas dijo que sólo dejan pasar del 10 al 20 % del agua y
con ello se argumenta que con esta cantidad se pude mantener vivo el
río. Un problema que se genera al desviar el cauce del río, se
genera que se seque en tramos de 3 a 4 kilómetros, dañando
seriamente las parcelas de los habitantes, que en el caso de Olintla
ni siquiera han pedido permiso.
Es Villaseñor quien
presentó a Miguel Vázquez de la comunidad de Zaragoza, del
municipio de Olintla en donde pobladores totonacos se oponen a que
sean invadidas sus tierras para la construcción de una presa por el
Grupo México.
También informó que no
se ha retirado la maquina pues ha sido guardada en la cabecera
municipal, por lo que afirmó que si no sacan la maquina del
municipio, no van a levantar el plantón, pues no es un problema
exclusivo de Zaragoza, sino de todo el municipio de Olintla y demás
comunidades ubicadas en la cuenca del río Ajajalpan.
Otro de los participantes
fue el abogado oaxaqueño Francisco López Barcenas, quien expuso el
derecho a la consulta que tienen los pueblos originarios e hizo notar
que se trata de la buscar de caminos para solucionar las demandas de
los pueblos. Refirió que dicho derecho se fundamenta en el convenio
169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos, instrumentos jurídicos internacionales suscritos por
México.
Otro de los participantes
fue Alberto Atilo Peralta quien centró su participación sobre el
tema del agua. También se contó con la intervención de Gerardo
Pérez Muños para hablar del territorio indígena en el estado de
Puebla quien destacó que la Sierra Norte ha sido afectada
históricamente por esta actividad.
Para concluir el foro se
abrió un espacio de participación para responder a las preguntas
¿qué se piensa de este tipo de desarrollo que impulsan las empresa
extractivas? En este sentido los participantes manifestaron que
conservar el conocimiento tradicional es una manera de enriquecer el
patrimonio cultural de los pueblos.
A la pregunta ¿cómo nos
gustaría ver la vida de nuestros pueblos?, expresaron que un pueblo
organizado es una condición para mejorar las condiciones de vida;
por lo que se expresaron en el sentido demandaron tener información
sobre los derechos, pero que todas las comunidades accedan a ellos y
el estado debe garantizarlo. También se hablo de que la información
presentada sea devuelta a todas las comunidades nahuas, totonacas,
otomís y mestizas.
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