RESULTADOS PRINCIPALES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS DEL PROYECTO MINERO

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El 17 de abril de 2016 se presentaron en Santa María Zotoltepec, Puebla, los primeros resultados de la evaluación de impacto en derechos humanos (EIDH) que desde septiembre de 2014 las organizaciones Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Centro de Estudios de Desarrollo Rural (CESDER) han venido realizando en un proceso de acompañamiento a la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y a los habitantes de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

La EIDH permite identificar, medir y, siendo ex ante, prevenir impactos negativos en derechos humanos provocados por el proyecto minero Ixtaca. Para lograr su objetivo, la EIDH mide la discrepancia entre los compromisos hechos por el Estado y la posibilidad real de individuos, grupos y comunidades de disfrutar de dichos derechos. Se combinaron la identificación de las preocupaciones de las comunidades, los principales derechos que se verían afectados (agua, salud, medio ambiente sano) y su conocimiento y uso efectivo del territorio con un conocimiento técnico experto (biología, geología, derechos humanos, investigación corporativa) que permitió evaluar de manera científica cuáles serían los efectos considerando documentos en que la empresa Almaden Minerals ha informado a sus inversionistas y a través de solicitudes de acceso a la información pública al gobierno mexicano.

La evaluación permitió identificar una serie de efectos negativos en el agua, la salud y el medio ambiente que podría tener la actividad de explotación, en caso de llevarse a cabo en la forma actual en la que está planteado el proyecto.

En un proceso liderado por las comunidades, la información compartida y valorada por los habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán el pasado 17 de abril constituye el último paso para concluir el informe y poder ahora compartirlo con todos los actores interesados (la empresa, diferentes instancias de gobierno, las comunidades afectadas).

Fuente: Proyecto PODER