Los Condenados de la Sierra

¿Y nuestro derecho al agua apá…?

Silvia Villaseñor*

La creciente oposición que están generando los “proyectos de muerte” que se pretenden imponer en el estado de Puebla está vinculada no sólo a la manera autoritaria en que se intentan llevar a cabo, sino al grave riesgo de despojo y privatización de las fuentes de agua por parte de empresas privadas, a lo que el  gobierno llama “participación privada” en los procesos de control,  saneamiento y distribución del agua.

En el caso de las más de 100 concesiones autorizadas en el estado por la Secretaría de Economía a empresas privadas para la extracción de minerales metálicos, principalmente oro y plata, localizadas en la sierra norte de Puebla (más de 160,000 hectáreas) y también en municipios de la mixteca poblana e Izúcar, el control del agua por parte de las empresas estaría fundamentado en el artículo 6º de la Ley Minera que considera la minería como actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro tipo de aprovechamiento o uso del terreno. Bajo ese argumento, las empresas mineras tendrían prioridad para utilizar las fuentes de agua para sus procesos extractivos durante los 50 años a los que puede extenderse la concesión, violentando el derecho al agua de la población que por años han vivido y cuidado el territorio donde se ubican las concesiones.

En cuanto a los ocho proyectos hidroeléctricos privados que se quieren construir en las cuencas de los ríos más limpios de nuestro estado y que ya han generado  algunos conflictos, la Comisión Nacional del Agua pretende otorgar a las empresas la concesión para el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales de los mismos hasta por 50 años. Con dicha concesión las empresas podrían decidir quien tiene acceso al agua concesionada limitando o prohibiendo por completo el aprovechamiento de la misma a las comunidades aledañas.  Además, el tipo de hidroeléctricas que se pretende construir desviarían y entubarían del 80 al 90% del caudal de los ríos creando condiciones que pueden llevar a que se sequen por completo tramos de los mismos, como ha sucedido ya en Panamá y España donde se han construido ese tipo de hidroeléctricas.

También en la ciudad de Puebla la posibilidad de disfrutar nuestro derecho al agua parece estar cada vez en mayor riesgo pues en lugar de que se de prioridad al abastecimiento de los ecosistemas y a una gestión del agua con participación de la ciudadanía, las acciones de gobierno se orientan a ampliar la participación privada en la gestión del agua. La capital poblana es una zona de baja disponibilidad de agua que depende de fuentes  localizadas en otros municipios, además de tener una infraestructura deficiente (al menos un 40% del agua se pierde por fugas), donde sólo cerca de un 15% de usuarios recibe agua diariamente o de manera continua y la mayoría de la población recibimos un servicio tandeado.

En los últimos años se incrementaron los conflictos con comunidades rurales por la presión del gobierno estatal para traer agua a la zona metropolitana favoreciendo muchas veces a empresas fraccionadoras o industriales a costa de la población campesina y de escasos recursos. En el mediano plazo el gobierno estatal pretende contratar a empresas privadas para que se hagan cargo de los procesos de control, saneamiento, distribución y cobro del servicio de drenaje y agua potable, a pesar de los fracasos que ha habido en el pasado. En el 2009 se canceló un contrato con una empresa privada que se encargaba del cobro del agua en la ciudad mientras que en otras ciudades como Saltillo, donde ese esquema se ha implementado por varios años ya, no se ha mejorado el acceso y calidad del agua, pero sí  se ha incrementado costo del servicio a la ciudadanía.

La Cámara de Diputados estudia una iniciativa que dejaría la puerta abierta a la participación privada modificando el artículo 28 constitucional cambiando el carácter estratégico de las aguas nacionales por el de prioritario, convirtiendo al agua en un objeto de lucro para intereses de corporaciones privadas nacionales y extranjeras. Ante esta situación organizaciones ciudadanas proponen una iniciativa para hacer valer el derecho al agua reconocido en el artículo 4º de la constitución. La movilización y organización ciudadana para lograrlo son urgentes. Firmar la iniciativa ciudadana para evitar la privatización del agua y apoyar la resistencia que se va configurando en la Sierra Norte de Puebla es actuar por la defensa de nuestro derecho al agua. ¡Actuemos ya por la defensa de nuestro derecho a la vida!

* Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)