Hoy 12 de octubre, en una fecha que marcó el inicio del despojo de nuestros territorios y bienes naturales, las comunidades indígenas y campesinas exigimos al Estado mexicano garantice nuestros derechos a la libre determinación y autonomía y detenga el saqueo y despojo de nuestros bienes naturales. El pasado 18 de septiembre nos reunimos más de 2000 personas en la comunidad de Santa María Sotoltepec del municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, para llevar acabo la 34 Asamblea por la defensa del territorio y la construcción de planes de vida de los pueblos Maseual, Tutunakú y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, en donde reafirmamos nuestro rechazo a la minería a cielo abierto y otros proyectos de muerte; así como nuestra exigencia al Presidente de la República de no otorgar concesiones sobre nuestro territorio.
Hoy acudimos a Palacio Nacional para solicitar una reunión con el Presidente y con la nueva titular de la Secretaría de Economía, ante la perversa manipulación y desinformación que realizan la trasnacional Canadiense Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión y la urgente necesidad de pasar del discurso del actual gobierno de no otorgar concesiones, a una verdadera política de Estado de respeto y protección de nuestro territorio que se traduzca en una instrucción clara de no seguir otorgando concesiones a las mineras.
En ese contexto queremos precisar lo siguiente:
La comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, después de 7 años de juicio logró una Sentencia histórica de la SCJN, dónde se ordenó a la Secretaría de Economía dejar insubsistentes las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2 que abarcan 14,200 hectáreas en nuestro municipio de Ixtacamaxtitlán. La Sentencia es muy precisa, y en ella la insubsistencia significa la cancelación de esas concesiones, tras el cumplimiento de ello la Corte ordenó que la Secretaría de Economía se pronuncie nuevamente sobre la factibilidad, viabilidad, de expedir los títulos solicitados originalmente por la empresa.
Es en este punto que nos encontramos y en el que la empresa Minera Gorrión omite que la secretaria de Economía no se ha pronunciado sobre la factibilidad de dicho proyecto, pues antes deberá cumplir con una serie de requisitos y procedimientos que establece la jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que la SCJN ha dicho que son estándares obligatorios que deben cumplirse, entre ellos podemos mencionar, los estudios de impacto ambiental, social y de derechos humanos. Es así como, exigimos a la Secretaría de Economía se pronuncie en sentido NEGATIVO respecto a la factibilidad, en congruencia con el compromiso del presidente de la República de no otorgar más concesiones, pues es demostrable y evidente que la industria minera solo ha traído división y destrucción en nuestros territorios, poniendo en peligro nuestra subsistencia. La industria minera responde a una larga historia de colonialismo y despojo que no vamos a tolerar ni permitir.
Con el objetivo de posicionar sus intereses, ante la nueva titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, la empresa Minera Gorrión volvió a publicar, a un día del nombramiento, un comunicado de fecha 5 de julio donde tergiversa los hechos jurídicos reales y el estado actual de caso, señalando que se les notificó que esas concesiones insubsistentes fueron entregadas de acuerdo con la Ley Minera.
Reafirmamos que la Sentencia de la SCJN ordenó la insubsistencia de las concesiones (ya no existen), es decir, fueron canceladas, por la evidente violación sistemática que ocurre al otorgar concesiones mineras sobre territorios indígenas sin respetar el derecho a la libre determinación y la autonomía y una serie de derechos reconocidos en nuestra Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia internacional.
Por último denunciamos que Minera Gorrión ha hecho de conocimiento que fue seleccionada para participar en la “Prueba Piloto para la identificación y evaluación de medidas de sostenibilidad en el sector minero”, y que la realización de esta prueba será a través de la ONU-UNECE para México y Latinoamérica, de la mano con la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía del gobierno federal. Es vergonzoso e indignante que la Secretaría de Economía respalde un proyecto minero que violenta los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Manifestamos nuestro repudio a esta supuesta prueba piloto pues constituye una grave contradicción a lo mandatado por la SCJN, no puede existir un proyecto piloto relacionada a una concesión minera que ya no existe. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas están directamente relacionados con los compromisos en materia de derechos humanos que consagran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por ello, este 12 de octubre, las personas campesinas e indígenas que integramos la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, llamamos a la Secretaría de Economía a cumplir con la sentencia de la SCJN de dejar insubsistente las concesiones, al Presidente de la República a cumplir con su compromiso de no otorgar nuevas concesiones mineras, y exigimos a la empresa Almaden Minerals a abstenerse de seguir con campañas de desinformación que violentan nuestros derechos.
¡NO A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO NI OTROS PROYECTOS DE MUERTE EN NUESTRO TERRITORIO!
¡EXIGIMOS AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR CUMPLA SU COMPROMISO DE NO OTORGAR CONCESIONES SOBRE NUESTRO TERRITORIO!
ATENTAMENTE
UNIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA VIDA ATCOLHUA
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