Luego
de las desafortunadas declaraciones del procurador Jesús Murillo Karam el
pasado 26 de enero, a cuatro meses del asesinato y desaparición forzada de
estudiantes de la
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala,
Guerrero, unimos nuestra voz a las de más de un centenar de organizaciones
civiles que han exigido que se continúe con la investigación y búsqueda de
normalistas desaparecidos; así como con el cabal esclarecimiento de los hechos
y el castigo a los responsables.
Desde septiembre de 2014
organizaciones de la sociedad civil, defensoras/es de derechos humanos, hemos
sido testigos de la fuerza y dignidad que han mantenido de pie a padres y
madres de familia, quienes asumieron la búsqueda de sus propios hijos frente a
la dilación e ineficaz respuesta de las autoridades municipales, estatales y
federales de nuestro país.
Si bien existen personas
relacionadas con los hechos que han sido detenidas, al día de hoy, ninguna de
ellas está siendo procesada por desaparición forzada, a pesar de las evidencias
y testimonios que refieren la participación por acción u omisión de autoridades
de los tres niveles de gobierno. De igual forma, no se ha detenido a todos los
autores materiales e intelectuales[2]. Tampoco se han esclarecido los vínculos y complicidades de
las autoridades de distintos niveles con grupos delincuenciales.
Asimismo señalamos que la
participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad, lo que ha
derivado en que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional se
manifiesten denunciando que “la Procuraduría General de la República (PGR) ha
fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad de las
fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43
estudiantes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa”.
Las
violaciones graves a los derechos humanos contra los estudiantes que derivaron
además, en la ejecución extrajudicial de Julio César Ramírez, Julio César
Mondragón, Daniel Solís Gallardo y de otras tres personas más permanecen impunes y sin que la PGR presente
argumentos sólidos como resultado de su investigación.
Nos adherimos a la
desaprobación que defensoras y
defensores de derechos humanos hacen
a la insistencia de la PGR en reafirmar
la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados, quemados y arrojados a
basurero de Cocula, sin contar con
pruebas científicas suficientes que confirmen los hechos. Existen
elementos suficientes para mantener la línea de investigación abierta y la
búsqueda con vida de los estudiantes, a fin de llegar a la verdad y al castigo de todos los responsables, como
lo han exigido los estudiantes y las madres y padres de familia.
En la legítima búsqueda de
sus hijos, han sido reprimidos como lo muestra la acción ocurrida el pasado 12
de enero de 2015, en el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano,
ubicado en Iguala, Guerrero, en donde militares agredieron a familiares y
compañeros de los normalistas desaparecidos, haciendo uso de la fuerza en lugar
de crear las conidicones necesarias para el diálogo con los normalistas y sus
familiares, quienes desde un inicio han exigido la apertura de los cuarteles
militares para cerciorarse si sus hijos se encuentran o no dentro de ellos.
La omisión del Gobierno
Federal para atender esta petición, ha generado la desesperación de las
familias y estudiantes, mismos que han encontrado en la búsqueda ciudadana, el
camino para acceder a la verdad frente a la ineficacia de instancias como la
PGR quien en estos cuatro meses no ha llegado al esclarecimiento de los hechos.[3]
Demandamos
un alto a las campañas de difamación y desprestigio contra estudiantes, madres,
padres de familia y defensoras/es de derechos humanos que les acompañan,
quienes han sido objeto de agresiones
físicas, intimidación y desprecio; pues ni siquiera ha sido tomada en cuenta su
palabra y valoración en las recientes acciones de la Procuraduría de General de
la República, que pretende
cerrar el caso aun cuando existen elementos para continuar la investigación y
evitar la impunidad.
Como sociedad civil mexicana
y junto con la comunidad internacional, abrazamos el dolor por Ayotzinapa,
porque sabemos que no es un hecho aislado, como lo reflejan los hechos
ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, Acteal, Aguas Blancas, mujeres de
Juárez… y de todo el país!
Por
lo antes expuesto, las organizaciones que integramos el Consejo Tilay Tlali, exigimos al Gobierno Federal:
·
No
cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y
jurídica del paradero de sus hijos y hasta que todos los autores materiales e
intelectuales sean sancionados.
·
Se
creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos.
·
Se
agoten todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la
clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.
·
Se
creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos
e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas
desaparecidos y sus representantes, a fin de garantizar el ejercicio de su
derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho
lugar.
·
Se
respeten las valoraciones y los resultados de las investigaciones del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se garanticen las condiciones
necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica que ha
sido asignado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la
búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos así como para contribuir en las
investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los
responsables, pueda realizar sus actividades a cabalidad, como se estableció y
oficializó el pasado 29 de octubre y 18 de noviembre de 2014, respectivamente
en el acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado Mexicano y los representantes de
las víctimas.
·
Que
el Gobierno Federal actúe de manera contundente para desmantelar a los grupos
delincuenciales que atentan contra la estabilidad y seguridad de nuestro país y
que hoy en día han hecho de México un territorio de miles de personas
desaparecidas.
·
Cese
de la represión y criminalización contra miembros de la sociedad civil que en
el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, han sido detenidos
arbitrariamente en el marco de las acciones en solidaridad con los normalistas
de Ayotzinapa.
·
Cese
el desprestigio y criminalización hacia los estudiantes normalistas, padres y
madres de familia, así como hacia defensores de derechos humanos que acompañan
el caso y se garantice su seguridad.
·
Se
establezcan mecanismos eficaces de comunicación en los que se priorice la
interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y
organizaciones acompañantes.
A las madres, padres y
estudiantes normalistas y sus familias, a las organizaciones defensoras de los
derechos humanos que les acompañan, les decimos que desde nuestros diversos
espacios estamos atentos a las acciones que emprendan ante las instancias internacionales
como lo será su presencia en la Octava sesión del Comité Contra la Desaparición Forzada
de la ONU, en Ginebra, Suiza, para exigir la justicia que no se ha encontrado
en nuestro país y nos unimos a la exigencia de que el marco jurídico
internacional sea implementado a cabalidad por el Estado Mexicano, a fin de
cumplir con los diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos firmados por México, para que hechos como lo ocurrido en Iguala no se
repitan y cese la impunidad.
! VIVOS SE LOS
LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Consejo Tiyat Tlali, en defensa de la vida y nuestro territorio.
Sierra
Norte de Puebla, Méx., a 29 de enero de 2015.
No hay comentarios:
Publicar un comentario