SIN CONSULTA,
CON REPRESIÓN Y VIOLENCIA
IMPONEN
PROYECTOS EXTRACTIVOS EN LA
SIERRA NORTE DE
PUEBLA
- 331,729 hectáreas concesionadas a empresas extractivas en Puebla,
el 60% a la canadiense Almaden Minerals.
- 8 presas hidroeléctricas proyectadas y en operación para abastecer
de energía a mineras, Wal Mart y otras grandes empresas.
- 233 pozos de fracking actualmente en operación y otros por
licitarse sin conocimiento de la población.
- Gobierno
Federal y el del Estado de Puebla al servicio de las grandes corporaciones.
- Campesinos, indígenas, organizaciones de la sociedad civil y
académicos hacen un llamado conjunto a defender el territorio.
Ciudad de Puebla a 12 de
noviembre de 2015.- El Estado
mexicano ha concesionado 331,729 hectáreas a empresas privadas sin informar
previamente, ni respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado
de las comunidades. En complicidad con las empresas, reprime a las comunidades
que se organizan para defender su territorio.
En la “Primera
Jornada El derecho a la vida y el
territorio en la Sierra Norte de Puebla” se denunció la privatización de los bienes comunes, la criminalización
de defensores y la violencia en la región y en el estado de Puebla. Asistieron
comunidades de los municipios de Cuetzalan, San Felipe Tepatlán,
Ixtacamaxtitlán, Tlapacoya, Pauatlán, Ayotoxco, entre otras más y fue convocada
por el Consejo Tiyat Tlali (que agrupa a 13
organizaciones), Fundar Centro de Análisis para la Investigación, el Proyecto
sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y el Doctorado en Economía Política del
Desarrollo de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
La organización PODER documentó la existencia de 440 concesiones
mineras, además de 15 proyectos hidroeléctricos privados, así como la
exploración y explotación de hidrocarburos en campos petroleros operados por
Halliburton y Diavaz en el estado de Puebla. El 60% de las concesiones mineras
están en manos de la empresa Almaden Minerals. Fundar enfatizó en su exposición
que la región de la Sierra Norte se encuentra en la cuenca petrolera
Tampico-Misantla, la segunda en prioridad de hidrocarburos a nivel nacional y
la primera en recursos prospectivos en petróleo.
Sin embargo, a las comunidades no se les informa; actualmente existen
233 pozos que utilizan fractura hidráulica (fracking) en la Sierra Norte sin
que la población esté informada sobre si se trata de yacimientos de
hidrocarburos no convencionales o no y, por lo tanto, sobre los riesgos e
impactos negativos que implica para sus territorios, su medio ambiente y sus
vidas. Además, la Secretaría de Energía ya ha entregado dos asignaciones a
Pemex para exploración de este tipo de hidrocarburos en esta región, sin
informar a las comunidades. Tampoco se han realizado los estudios de impacto
social y las consultas previas que establece la legislación en la materia,
señaló Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar.
El foro, que tuvo lugar en la facultad de Economía de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, sirvió como un espacio para reconocer las
luchas que diversas comunidades están emprendiendo para defender su derecho a
la vida. “Es el momento de exigir al gobierno que promueva el
decrecimiento económico y una redistribución de la riqueza”, es también “un
llamado a que la sociedad reflexione sobre sus prácticas cotidianas de consumo,
y para fortalecer y acompañar los procesos de defensa del territorio”, señaló
en su presentación Silvia Villaseñor a nombre del Consejo Tiyat Tlali, “pues es
muy difícil combatir a Walt Mart cuando tiene miles de consumidores”.
El doctor Germán Sánchez Daza, coordinador del Doctorado en Economía
Política del Desarrollo de la BUAP, enfatizó que se ha agudizado la presencia
del capital y que las reformas estructurales, la creación de zonas económicas
especiales, así como la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico están
orientadas a mejorar los negocios privados. No obstante, recordó que al mismo
tiempo se ha fortalecido la resistencia de los pueblos. “Las comunidades luchan
y resisten a estos proyectos pero también construyen proyectos de vida para
defenderse del saqueo del capital” expuso Edmundo del Pozo de Fundar.
Por su parte,
Aldegundo González, del municipio de Cuetzalan, expuso que en julio de
2013 fue aprobado el informe preventivo del Proyecto
El Aretón, perteneciente a la Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V. Sin
embargo, las comunidades que integran
el Consejo Maseual se enteraron hasta el 28 de noviembre de
2013, cuando Semarnat publicó en su portal que se habían concesionado 1,527
hectáreas de su territorio ancestral para extraer minerales. Debido a la
inexistencia de consultas las comunidades afectadas se organizaron en
asambleas, la primera en la casa de cultura de Cuetzalan.
En la cuarta asamblea se realizó un cabildo abierto que declaró al
municipio de Cuetzalan “libre de proyectos de muerte”. Interpusieron un amparo
y el juzgado concedió la suspensión de plano para “salvaguardar sus derechos de
posesión, propiedad o disfrute de sus territorios, aguas y sitios sagrados”.
En contraste, las comunidades de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y
Tlapacoya enfrentan la imposición del proyecto hidroeléctrico Puebla 1
autorizado a la empresa Deselec 1, subsidiaria de Comexhidro, constituida por
Salomón Camhaji Samra, exdirector de la otrora paraestatal Altos Hornos de
México, hoy privatizada. La Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de
autoabastecimiento para proveer de electricidad a Wal Mart, Waldo's Mart,
Suburbia, Vips, Colchas de México y una persona física, Ileana Jinich Mekler,
expuso Patricia Legarreta de PODER. La empresa recibió financiamiento del
Departamento de Estado de Estados Unidos para la promoción de energías
renovables, recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras,
orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de
la iniciativa privada en proyectos de infraestructura.
A las comunidades afectadas por el proyecto no se les proveerá de
electricidad producida por la hidroeléctrica. Diana Pérez, del Consejo Tiyat
Tlali informó que el proceso de consulta inició cinco años después de haber
sido otorgado el primer permiso. Cuando hicieron solicitudes de acceso a la
información para conocer el proceso de consulta se les indicó que estaba
protegido por secreto industrial. Por tanto, insistió “las comunidades no
conocen el proceso de consulta que se les aplicó.”
La lucha por combatir este proyecto ha desencadenado como respuesta
acciones de autoridades y de la empresa para romper el tejido comunitario.
Quienes tratan de organizar asambleas para defenderse son señalados en la
prensa local y amenazados; en fechas recientes 14 pobladores de San Felipe
Tepatlán fueron denunciados penalmente como parte de esta estrategia de
represión, manifestaron pobladores de estos municipios. La empresa ha promovido
la creación de la organización Campesinos Unidos de San Felipe Tepatlán y
Tlapacoya, con recursos públicos destinados a fines privados.
Aunado a ello, Alejandro Marreros del CESDER expuso la importancia que
tiene la organización comunitaria frente a este tipo de proyectos que recruden
la marginalización de las comunidades con respecto al ejercicio de sus derechos
fundamentales. En donde, si no es con amenazas, las empresas llegan a ofrecer
fuertes cantidades de dinero a autoridades y habitantes para dividirlos y
confrontarlos. Es por ello que hizo un llamado para generar afinidades con
otros sectores y pueblos del estado en un frente común a estos proyectos de
desarrollo excluyente.
La criminalización es, por tanto, una de las respuestas del Estado
Mexicano frente a la defensa de las comunidades por su tierra y territorio.
Otra de las respuestas ha sido la negación ante los juzgados federales, de las
violaciones a derechos humanos cometidas por la emisión de concesiones y
permisos a las grandes empresas, señaló Itzel Silva de Fundar. Tal es el caso
del amparo presentado por la comunidad nahua de Tecoltemi en contra de dos
concesiones mineras, juicio en que el Estado se ha defendido virtiendo diversos
argumentos, como el que darle la razón a la comunidad significaría quitarle
derechos ya concedidos a la empresa minera, lo que pone en evidencia los verdaderos
intereses que busca proteger; o que el derecho a la consulta no le obligaba
porque la Ley Minera es anterior a la reforma constitucional que reconoce dicho
derecho, con lo que niega el deber que desde 1990 tiene, de consultar a las
comunidades, por haber ratificado el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
“Cada una de las empresas operadoras de proyectos extractivos en la
Sierra Norte posee un historial de malas prácticas empresariales como
corrupción de autoridades públicas, desastres ambientales, tráfico de
influencias, ocultar información, así como una serie de conflictos por los
derechos de propiedad territorial en otros de sus emprendimientos en México o
en el extranjero” sentenció Omar Escamilla, investigador de PODER.
Finalmente, se aprobó la “Declaración de la Primera Jornada Por el
derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla”. Los
participantes de esta Primera Jornada exigen al Estado Mexicano respete y
garantice los derechos a la tierra y el territorio, a la libre determinación y
autonomía, a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas de la Sierra
Norte de Puebla; exigen al cumplimiento cabal de los instrumentos
internacionales que reconocen y protegen dichos derechos, así como el cese de cualquier
acto de criminalización en contra las comunidades que con toda legitimidad, han
decidido defender su territorio.
