- Con engaños, habitantes de Tecoltemi acudieron a una reunión en la que ya les esperaba personal de la empresa minera.
- Les ofrecieron empleos a cambio de desistirse del Juicio de Amparo que tienen interpuesto en contra de dos concesiones mineras otorgadas a la empresa.
Ciudad
de México/ Puebla, 7 de abril de 2020.- El
martes 24 de marzo de 2020, tres integrantes de la comunidad de
Tecoltemi –entre los que se encontraba el Presidente del
Comisariado Ejidal–, acudieron a la ciudad de Apizaco, Tlaxcala,
bajo el entendido que tendrían una reunión relacionada con
proyectos productivos necesarios para la comunidad, citados ahí por
el señor Gilberto Gutiérrez Márquez, conocido de la comunidad,
quien una semana atrás había visitado Tecoltemi para ofrecer la
gestión de dichos proyectos.
Sin
embargo, tras su arribo a la ciudad, se les pidió ir a un
restaurante, donde ya les esperaban los señores Daniel Santamaría y
Rusbelt Vázquez, Vicepresidente y Administrador respectivamente, de
Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, que pretende explotar
una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de
Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde Tecoltemi se encuentra.
El
personal de la empresa pidió expresamente a los integrantes de
Tecoltemi “destrabar” el juicio de amparo que la comunidad tiene
interpuesto desde 2015 en contra de las concesiones mineras sobre las
cuales Almaden pretende implementar su proyecto, ofreciendo a cambio
20 empleos sólo para Tecoltemi; ante la imposibilidad de
convencerles, subieron su ofrecimiento a 30 o 35 puestos durante los
14 años que dure la explotación. Además, aseguraron que la minera
pondría el dinero necesario para que la comunidad pueda implementar
el proyecto productivo propuesto por Gilberto Gutiérrez.
La
Comunidad y Ejido de Tecoltemi, La Unión de Comunidades y Ejidos en
Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida “Atcolhua”, así como
las organizaciones Consejo Tiyat Tlali y Fundar, Centro de Análisis
e Investigación, que acompañamos a Tecoltemi en el litigio contra
las concesiones mineras, condenamos el actuar deleznable de Almaden
Minerals; incluyendo la utilización de una persona conocida de la
comunidad para intentar sobornar a las autoridades ejidales para
generar división comunitaria en beneficio de la empresa. Condenamos
el uso de este tipo de prácticas empresariales que buscan inhibir
las acciones de defensa, y exigimos respeto a la decisión de
Tecoltemi y del resto de las comunidades de Ixtacamaxtitlán que le
apoyan, de defender su territorio ante la imposición de unas
concesiones y un proyecto minero que violan sus derechos y que
comprometen el agua y la salud de la población.
Urgimos
al Estado Mexicano a garantizar que cesen este tipo de actos, y
hacemos un llamamiento a la solidaridad nacional e internacional a
estar atentas y atentos ante cualquier situación de presión que la
empresa pretenda nuevamente ejercer sobre las autoridades de
Tecoltemi, sobre cualquiera de sus habitantes o del resto de las
comunidades que le apoyan, así como sobre las organizaciones que le
acompañamos.
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Antecedentes
En
abril de 2015, la comunidad de Tecoltemi, Ixtacamaxtitlán, Sierra
Norte de Puebla, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali
y de Fundar Centro de Análisis e Investigación, inició juicio de
amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado
sobre su territorio dos concesiones mineras (“Cerro Grande” y
“Cerro Grande 2”) sin consulta ni consentimiento. La demanda fue
también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la
República por haber emitido diversos artículos de la Ley Minera
cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas
y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la
Constitución.
El
11 de abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de
Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el
Estado de Puebla dictó sentencia favorable a Tecoltemi, reconociendo
no sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al
consentimiento previo, libre e informado, y determinando que las
concesiones mineras “devienen
ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de
la comunidad indígena afectada”.
La Ley Minera no fue analizada en la lógica planteada por la
comunidad.
La
sentencia fue impugnada por todas las partes en el juicio, por lo que
se encuentra actualmente en revisión ante un tribunal de mayor
jerarquía.
Contacto
consejotiyattlali@gmail.com
/ 23 3104 5534 y 22 2548 8060
marianag@fundar.org.mx
/ 5540136188
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