Huauchinango, Pue.- Miembros del Consejo Tiyat-Tlali denunciaron ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido por la imposición de megaproyectos y le pidieron que conmine al Estado Mexicano a cumplir su obligación de respetarlos y garantizar su vigencia.
Para dar la bienvenida a la funcionaria del organismo internacional, Victoria Tauli-Corpuz, que realiza una visita oficial, los indígenas de la Sierra Norte de Puebla señalaron que tras la aprobación de la Reforma Energética se han incrementado los conflictos sociales especialmente en territorio de los pueblos originarios a los que se pretende despojar de sus bienes naturales.
A partir del 2011, precisaron, en la región se empezó a identificar una alta concentración de proyectos extractivos: “minería, hasta diciembre del 2016, la Secretaría de Economía había otorgado 189 títulos de concesiones mineras en la región, lo que equivale a 372 mil 408 hectáreas, la mayor parte de capital canadiense, de los cuales el más avanzado es el proyecto minero a cielo abierto de la canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.
Apuntaron que también la minería no metálica ha causado fuertes impactos por la extracción de feldespatos en la región de Zacatlán por parte de la empresa Materias Primas de Ahuazotepec, filial de la empresa Belga, Sibelco.
Además las hidroeléctricas proyectadas en las cuencas de los ríos Zempoala, Ateno, Apulco y Ajajalpan, que cruzan la Sierra Norte de Puebla, suman 14 y se sabe que generarán energía para empresas privadas, “como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende generar electricidad para Walmart.
Mientras que al menos 35 municipios de la región, están amenazados por la extracción de hidrocarburos; y se pretende construir obras complementarias como líneas de alta tensión o gasoductos como el instalado por la empresa Gasomex o el gasoducto “Tuxpan-Tula” a cargo de TransCanada y que transportará 886 millones de pies cúbicos diarios de gas extraído con fracking desde Texas, en los Estados Unidos.
Aunque reconocieron que los proyectos se encuentran en etapa inicial o de evaluación, si se concretan habrá un desplazamiento de los habitantes de los pueblos indígenas, además de devastación ambiental, social y cultural, y los únicos beneficiarios serán “empresahttp://municipiospuebla.mx/nota/2017-11-09/huauchinango/gobierno-viola-derechos-ind%C3%ADgenas-denuncian-ante-onus privadas, que no busca solventar las necesidades de las comunidades, sino seguir ensanchando sus bolsillos a costa de los campesinos e indígenas en esta región”.
Tras indicar que en la Sierra Norte hay un movimiento de resistencia pacífica a estos proyectos, denunciaron que la respuesta gubernamental y empresarial a la defensa de sus derechos ha sido la criminalización de los indígenas por ejercer su derecho al territorio y a la libre determinación, derechos reconocidos en la constitución mexicana y en tratados internacionales.
Por ello pidieron a la Relatora de la ONU su intervención y que recomiende al gobierno mexicano que cumpla con su obligación de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas amenazados por los proyectos de la industria extractiva.
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