El pasado 17 de Enero del 2017, la Red de Defensa de los
Derechos Humanos, el Centro de Asesoría entre Mujeres y el Consejo Tiyat Tlali
convocó a una rueda de prensa que tenía como principal objetivo dar a conocer
el posicionamiento político ante el incremento de la violencia hacia el movimiento socio-ambiental y en
contra de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla.
Durante esta rueda de prensa se le dio lectura al posicionamiento
en dónde se denunciaba que las comunidades reconocen el patrón estructural que
siguen los tres diferentes niveles de gobierno mediante una política de sembrar
miedo, pánico y terror en las comunidades que defienden sus tierras,
territorios y derechos.
Se hizo un vínculo con el tema y estrategia del gobierno
ante el gasolinazo, reconociendo que así como hubo grupos de choque,
principalmente en la ciudad de México, que intentaron desestabilizar la
situación generando una escalada de violencia para justificar la represión, así
sucede en la Sierra Norte de Puebla. Al respecto, el compañero Miguel Hernández comenta que se ha reportado un aumento de violencia (robos, asaltos,
secuestros, homicidios, entre otros), dichos actos de violencia tienen como
característica, en algunos casos, el uso de armas largas y de alto poder
reservadas solamente para las fuerzas estatales y comúnmente usadas por grupos
paramilitares, denotando la omisión del Estado ante este aumento de violencia.
Se hizo especial énfasis en cómo viven esta situación de
violencia las mujeres, en dónde se registra que su situación de derechos
humanos se ha ido deteriorando. Además de la violencia directa hacia las
mujeres destaca la omisión del estado al dejar las muertes de las mujeres
impunes y sin ser nombradas como feminicidios.
También se hizo remembranza del compañero Miguel Flores Abasolo,
quien en medio de la coyuntura electoral, fue asesinado el pasado 3 de Mayo del 2016 y cuyo caso aún queda
impune. Además de haber sido utilizado como botín político por la excandidata
del PRD Roxana Luna convirtiendo su funeral en un evento proselitista, en aquel
momento de la investigación, la fiscalía quiso culpar a la familia misma del
asesinato con el fin de quitar los reflectores de responsabilidad de Moreno
Valle. A 8 meses de su muerte, la fiscalía general no ha dado avances en su
caso y la familia de Manuel ha sido amenazada y hostigada, causando su
desplazamiento de la comunidad. Durante la rueda de prensa, nos acompañó la
esposa de Miguel Flores Abasolo quién nos compartió lo difícil que ha sido
llevar el caso ante la fiscalía y que no ha habido una pronta respuesta de
parte de la fiscalía y pide justicia para el caso de su esposo.
Finalmente, el compañero Miguel Hernández trajo la voz de
las comunidades Nahuas, Totonacos, Otomís y Tepehuas “vamos a defender nuestra tierra y territorio
con la vida misma”. También responsabilizó al Estado si hay algún daño contra
alguno de las y los defensores de este movimiento socio-ambiental.
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